Ya suman 97 los muertos y más de mil los heridos a causa de la violencia étnica en Kirguizistán
El sur de la república centroasiática de Kirguizistán continuaba ayer tenso tras dictarse la Ley marcial y la movilización de tropas a las ciudades de Osh y Jalal-Abad donde la violencia étnica dejó más de 97 muertos y más de mil heridos este fin de semana.
El Gobierno provisional de Rosa Otunbáyeva reconoció sentirse "desbordado" por la gravedad de la crisis y dijo que el país necesita de "otras fuerzas militares para controlar la situación".
Otunbáyeva, solicitó el sábado a Rusia el envío de fuerzas de paz a Osh, la segunda ciudad de ese país, pero Moscú se negó al interpretar que se trata de "un asunto interno" y entender que "Rusia aún no ve condiciones para participar en su arreglo", según informó Tatiana Timakova, la portavoz del presidente ruso, Dmitri Medvédev.
Aún así, Moscú se comprometió a pedir una reunión del Consejo de las Fuerzas de Seguridad Colectiva (OTSC) -de la que forman parte Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán- con el objetivo de celebrar consultas para "elaborar medidas colectivas de reacción", informó Europa Press.
También Washington, que sigue de cerca los acontecimientos, pidió la "rápida restauración de la paz y el orden público" en la ciudad de Osh y el resto de lugares del país donde se registra violencia étnica.
Estados Unidos "respalda los esfuerzos de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para facilitar la paz y el orden y la ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia y el desorden en la República de Kirguizistán", informó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley en un comunicado.
La crisis no cesa desde el derrocamiento del presidente Kurmanbek Bakiyev a principios de abril, quien hoy acusó al gobierno de transición de incapacidad para hacer frente a los disturbios que azotan Osh.
"Hoy la república kirguisa está al borde del colapso. Mueren personas, y nadie de los actuales mandatarios está en condiciones de proteger sus vidas", dijo Bakiyev a la agencia de noticias Interfax.
El derrocado presidente, que se asiló a principios de abril en Bielorrusia, rechazó las acusaciones del gobierno de transición según las cuales él y sus seguidores provocaron los graves enfrentamientos entre kirguises y uzbecos.
Los observadores hablan de una "catástrofe humanitaria" equivalente a una situación de guerra.
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